Este viernes 25  de junio entró en vigor en España la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia o del Suicidio Asistido, la cual fue aprobada en primera instancia  el 18 de marzo de este  año por las Cortes Generales,  en medio de una ola de protestas  y expresiones  tanto a favor como en contra de esta polémica ley.

Con esta decisión, España se convierte en el séptimo país del mundo junto a Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, que da luz verde a una ley cuestionada, mientras que en Colombia fue aprobada  por decisión del Tribunal Constitucional, pero sin que el Parlamento haya aprobado una ley que la regule definitivamente.

La controvertida ley que, según juristas  especializados, aún mantiene algunas lagunas o vacíos legales, dio un plazo de tres meses a las comunidades autónomas para la creación de las comisiones de garantía y evaluación, los órganos encargados de supervisar cada caso y autorizar  su aplicación.

Por otro lado, se ha informado que son cinco las comunidades  autónomas  que aún carecen de  tales comisiones: Andalucía, Galicia, La Rioja, Madrid y Navarra. Otras, como Castilla y León, han apurado hasta el último momento. La polémica  también ha estado a la  orden del día para la creación de las referidas comisiones.

¿Cómo aplicará?

Tras un largo periplo de batallas legales, podrán hacer uso de esta ley las personas con una enfermedad grave e incurable y que padezcan un sufrimiento «constante, grave, crónico e intolerable»  y que además genere «sufrimiento físico o psíquico constante», de manera que podrán solicitar ayuda médica para despedirse de este mundo. La ley ha sido recurrida por los conservadores  del PP y Vox ante el Constitucional.

Es asi, como esta ley deberá hacer frente todavía  a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por PP y Vox, formaciones  que  votaron en contra de la norma, por considerar que atenta contra un derecho fundamental como es el derecho a la vida. 

Sin embargo el Tribunal Constitucional  tras haber admitido el trámite, ha rechazado suspender su entrada en vigor de forma cautelar, como solicitaba  la formación de derecha.