Dos errores cometidos el martes llevaron a los agentes de policía a retirar 197 inmigrantes indocumentados del puerto de Arguineguín, en las Islas Canarias, antes de que los centros de acogida estuvieran listos para acogerlos, según varias fuentes gubernamentales y policiales

Sin tener a dónde ir, los migrantes comenzaron a deambular por el pueblo hasta que Onalia Bueno, el alcalde de Mogán (del que depende administrativamente Arguineguín) los hizo trasladar en autobús a la ciudad de Las Palmas, donde fueron dejados frente al edificio que alberga la sede de la delegación del gobierno español. Posteriormente fueron alojados en alojamientos turísticos en el sur de la isla.

El Ministerio del Interior ha abierto una investigación y ha acelerado la inauguración de un centro de detención temporal dentro de las instalaciones militares en Barranco Seco, en la isla de Gran Canaria. Alrededor de 200 inmigrantes fueron enviados allí el miércoles, y el Ministerio de Defensa ha proporcionado recursos para recibir otros 200. La Defensa también ha ofrecido sus instalaciones en Las Canteras (Tenerife), El Matorral (Fuerteventura), Las Raíces (Tenerife) y los locales del Regimiento Canarias 50 en el distrito de La Isleta en Las Palmas.

Pero el miércoles todavía había más de 2.000 personas viviendo en condiciones precarias en la zona portuaria de Arguineguín. Las Islas Canarias se han convertido en el principal punto de entrada ilegal a España este año. Según cifras del Ministerio del Interior, 16.760 de las 32.427 personas que llegaron por mar lo hicieron a través de las Canarias. Las llegadas por mar representan el 95,5% de todas las llegadas de inmigrantes en lo que va de año, lo que refleja el cierre de fronteras debido a la pandemia de coronavirus.

Falta de coordinación

El delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, dijo a la agencia de noticias EFE que ni él ni ningún miembro de su equipo autorizaron la pronta evacuación del campamento de Arguineguín. «Evidentemente ha habido un error de coordinación que debemos resolver», dijo. «La magnitud del problema en Canarias es enorme. Estamos hablando de un crecimiento superior al 1,100%, con llegadas superiores a 18.000 en lo que va de año. Tenemos que encontrar una solución para el puerto, que todo el mundo sabe que está superpoblado».

El incidente del martes se suma a una creciente crisis humanitaria y política en las Islas Canarias, donde sólo en el último mes han llegado unos 8.000 inmigrantes. El aumento de los desembarcos de barcos en el archipiélago, situado frente a la costa noroccidental de África, ha puesto de manifiesto la incapacidad de las autoridades para proporcionar instalaciones o asistencia adecuadas, y ha suscitado el temor de que la extrema derecha pueda utilizar la crisis para obtener beneficios políticos.

Los dirigentes locales y regionales se han quejado repetidamente de la falta de apoyo del gobierno central, y en algunas ciudades costeras sometidas a una gran presión migratoria, como Arguineguín, los residentes llevan meses organizando protestas públicas. Doble error.

Otras versiones

Según varias fuentes gubernamentales y policiales, la orden de desalojar a 200 personas del puerto fue dada verbalmente por un alto funcionario policial para evitar lo que él evaluó como «una situación de riesgo». Fuentes sindicales hablaron de «un posible motín», aunque fuentes del Ministerio del Interior lo negaron.

Los funcionarios policiales dijeron que tomaron la decisión después de intentar sin éxito contactar por teléfono con el Secretario de Estado de Migraciones para solicitar ayuda para los migrantes que estaban a punto de ser evacuados. Nadie respondió a las llamadas y la policía siguió adelante con la evacuación.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Migración dijeron que no tenían conocimiento de ninguna llamada y señalaron que tan pronto como recibieron la noticia de la evacuación, los migrantes fueron alojados en hoteles y apartamentos turísticos de la isla.

Las mismas fuentes dijeron que los líderes del operativo policial tampoco informaron al Ministerio del Interior de sus supuestos problemas para contactar a la Secretaría de Migración, ni de sus planes para seguir adelante de todos modos. El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo que si la investigación muestra una falta de coordinación, «no tendrá ningún problema en admitirlo». Actualmente hay alrededor de 4.000 inmigrantes viviendo en hoteles y otros tipos de alojamiento turístico en las Islas Canarias, según la Secretaría de Estado de Migración.

Esto fue posible gracias a la cooperación de los empresarios hoteleros, que ofrecieron sus locales vacíos para ayudar a aliviar la presión en las zonas portuarias. Sin embargo, a principios de este mes, los líderes del sector pidieron al gobierno que proporcionara instalaciones públicas adecuadas para los migrantes y que trasladaran a estos últimos fuera de los hoteles mientras la región se prepara para su temporada turística alta.