eutanasia

Tras décadas de debate social, España regulará el derecho a una muerte digna

En una votación histórica, la cámara baja del parlamento español dio un respaldo mayoritario a la primera ley de eutanasia del país. El proyecto de ley que regula el derecho a una muerte digna atrajo el apoyo de todos los partidos y fue aprobado en primera lectura con 198-138 votos y dos abstenciones.

Ahora irá al Senado y si no se introducen enmiendas, podría entrar en vigor en los primeros meses de 2021. Esto convertiría a España en el sexto país del mundo en reconocerlo justo después de los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda. En Suiza, el suicidio asistido «por motivos no egoístas» es legal.

La ley permitirá que las personas que padezcan una enfermedad grave e incurable soliciten y reciban asistencia para poner fin a sus vidas. La petición debe hacerse en cuatro ocasiones y estar respaldada por informes médicos. El personal sanitario conservará su derecho a la objeción de conciencia.

Después de que el procedimiento sea aprobado por un comité de evaluación, el paciente debe dar el consentimiento final de nuevo. Los partidarios dijeron que estas disposiciones garantizan que la eutanasia será una opción pero nunca una imposición como sus detractores han afirmado.

La mayoría de los españoles están a favor de regular el derecho a la muerte, según las encuestas.

Condiciones

El texto del proyecto de ley habla de «condiciones graves, crónicas y debilitantes o enfermedades graves e incurables que causan un sufrimiento intolerable» como causas válidas para solicitar la asistencia para el final de la vida.

Si bien el documento no utiliza el término «suicidio asistido», contempla «la administración directa a un paciente de una sustancia por el profesional sanitario correspondiente», en otras palabras, la eutanasia, o «el suministro a un paciente de una sustancia que puede autoadministrarse para causar la muerte», lo que significa suicidio asistido.

El procedimiento puede llevarse a cabo en centros de salud públicos o privados, o en el domicilio del paciente, según el proyecto de ley. Varios legisladores subrayaron que las encuestas muestran que la mayoría de los españoles están a favor de regular el derecho a la muerte.

«Es una demanda social que atraviesa las diferencias ideológicas», dijo el ministro de Sanidad Salvador Illa, del Partido Socialista (PSOE). Illa dijo que la aprobación del proyecto de ley demuestra que España es «un país democrático y maduro. No podíamos permanecer impasibles ante un sufrimiento insoportable».

Una iniciativa de izquierda

En los últimos años, el Congreso de los Diputados se ha negado a legislar sobre este asunto hasta en cuatro ocasiones. La líder de los Ciudadanos, Inés Arrimadas, dijo que era un honor apoyar el proyecto de ley, que comenzó como una iniciativa de los partidos de izquierda. «Somos liberales y apoyamos la libertad», dijo, pidiendo a los detractores que se abstengan de convertir el contenido del proyecto de ley en «una caricatura».

Sólo los grupos de centro-derecha, el Partido Popular (PP), la extrema derecha Vox y la Unión del Pueblo Navarro (UPN), votaron en contra del proyecto. Mientras el PP suavizaba sus críticas, la diputada de Vox, Lourdes Méndez-Monasterio, afirmaba que la ley introducirá «una industria de la muerte» en España. La eutanasia, dijo, representa «la destrucción de nuestra cultura».

Primeros activistas

Los legisladores tuvieron palabras de elogio para los individuos que lucharon durante décadas por el derecho a la eutanasia en España. Entre ellos, Ramón Sampedro, un cuadrapléjico gallego que terminó su vida con la ayuda de un amigo en 1988, después de una campaña de 30 años, su historia se convirtió en una película premiada, The Sea Inside, protagonizada por Javier Bardem.

Los partidarios del proyecto de ley también recordaron el caso de María José Carrasco, una mujer enferma terminal cuyo marido fue detenido en abril de 2019 por ayudarla a terminar con su vida, así como el de Luis Montes, un médico que fue apartado de su puesto en el Hospital de Leganés hace 15 años después de que las autoridades regionales de Madrid le acusaran de sedar a enfermos terminales.

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