Durante el proceso de recuperación económica se prevé mediante un órgano de control efectuar seguimiento a los diferentes planes, eliminando los obstáculos administrativos

Moncloa ya ha preparado el decreto con el que pretende gestionar los fondos europeos. El proyecto ya ha pasado por la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios, que es el paso previo para que el Consejo de Ministros lo apruebe, y crear las estructuras para canalizar los 140.000 millones que llegarán de Bruselas en los próximos años.

La aprobación y dirección del Plan de Recuperación y Resistencia corresponderá a una comisión interministerial creada al efecto y de la que formarán parte diez ministros que, según el borrador, tienen una mayor implicación en la gestión de los fondos: la vicepresidenta económica, Nadia Calviño; la de Transición Ecológica, Teresa Ribera; la de Hacienda, María Jesús Montero; la de Educación, Isabel Celaá; o la de Sanidad, entre otros.

De la cuota de Podemos Unidos, sólo estará presente la de Trabajo, Yolanda Díaz, y el Vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, que confía en que esa decisión, de ser excluido de la comisión que gestionará los fondos europeos, sea corregida.

Fuentes cercanas al segundo vicepresidente admiten su malestar por esta decisión de dejar fuera a Iglesias, que tiene entre sus competencias las políticas sociales del Ejecutivo así como las relacionadas con la Agenda 2030. Sin embargo, aseguran que es un asunto que ya ha tratado con Pedro Sánchez y que tiene el «compromiso» de que estará representado en la comisión que dirigirá el plan de recuperación.

Apoyo conjunto

La comisión estará presidida por Sánchez, que podrá participar cuando lo estime oportuno, y además de los ministros mencionados, también formarán parte de ella el de Agricultura, Luis Planas; el de Ciencia, Pedro Duque; el de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; el de Industria, Reyes Maroto; y el de Seguridad e Inclusión Social, José Luis Escrivá. También formarán parte de los segundos escalones, como los Secretarios de Estado de Economía y Empresa, de Presupuestos, de Hacienda y el responsable del Departamento de Economía y del G20 de la Presidencia del Gobierno, Manuel de La Rocha, «que actuará como secretario de la Comisión».

Además de la Comisión, también será en Moncloa donde se supervisará la aplicación del plan de recuperación, que tiene por objeto la colaboración público-privada. Habrá una comisión específica que designará, a su vez, la Comisión de Recuperación, Transformación y Resistencia que se encargará de prestar asistencia y apoyo técnico, según el decreto, adelantado por la Cadena Ser.

Objetivos

Será en la presidencia del Gobierno donde se centralizará la unidad de seguimiento del plan. La relación con los diferentes actores público-privados se llevará a cabo mediante la creación de «foros y consejos de alto nivel». El decreto también busca agilizar la tramitación de los fondos europeos «lo que hace necesario revisar los obstáculos y cuellos de botella existentes en la normativa y en los procedimientos e instrumentos de gestión pública y, una vez analizados, es necesario emprender reformas que permitan una administración moderna y ágil, capaz de responder al reto que supone la ejecución de proyectos vinculados a los fondos del Instrumento Europeo de Recuperación», según la exposición de motivos.

El propósito es eliminar los obstáculos administrativos, como anunció Sánchez en el foro económico de La Toja el pasado mes de octubre. La intención es que se puedan adelantar fondos a los proyectos «con anterioridad a la ejecución y justificación de los beneficios previstos en este tipo de negocios, llegando hasta el cincuenta por ciento del importe total a percibir», estipula el decreto ley.

Proyectos estratégicos

En el caso de los Proyectos Estratégicos de Recuperación y Transformación Económica (PERTE), que son los que se canalizarán a través de la colaboración público-privada, el anticipo puede llegar hasta el 90% al entender que representa un «riesgo» para las empresas.

Se considerarán PERTE «aquellos proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española, que requieren de la colaboración público-privada por la presencia de importantes riesgos que dificultan la iniciativa privada», recoge el borrador.

Será el Consejo de Ministros, a propuesta del departamento correspondiente, el que declare qué proyectos se consideran PERTE. La intención del Gobierno es contar con un buen número de entidades que participen en estos PERTE. Así, el Ministerio de Industria creará un registro especial de estas entidades, que será público o privado y «tendrá un carácter preferente para formar parte de los consorcios creados por las Administraciones Públicas».