Ley de Educacion en España

El Congreso aprobó un proyecto de Ley que la derecha política ha prometido luchar con uñas y dientes, en una repetición de la discordia provocada por siete reformas anteriores

Como todas las anteriores, la octava Ley de Educación de la historia democrática española ha sido aprobada por el Congreso, pero no ha logrado un consenso político. La Lomé, conocida popularmente como «Ley Celaá» por la ministra de Educación Isabel Celaá, fue aprobada el jueves en el seno de una Cámara Baja dividida con 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones. El proyecto de Ley aún está pendiente de revisión en el Senado.

La división se produjo en gran medida por motivos ideológicos. Los legisladores del Partido Popular (PP), de centro-derecha, se levantaron y comenzaron a cantar «¡Libertad! Libertad!» para señalar su desaprobación con el contenido del proyecto de Ley «sectario», descrito como «el mayor ataque a la educación de toda nuestra historia democrática». Pronto fueron seguidos por miembros de la extrema derecha Vox y algunos de los liberales Ciudadanos.

Opiniones

Joaquín Robles, de Vox, afirmó que los patrocinadores de la nueva Ley «se alegran de la irresponsabilidad sexual y quieren quitarle la inocencia a nuestros hijos». Mientras tanto, la izquierda política se regocijaba por la aprobación de una legislación que considera «moderna, equitativa e inclusiva».

El Lomloe fue respaldado por el Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos, los socios del gobierno de minoría de España, y por los partidos más pequeños Izquierda Republicana Catalana (ERC), Partido Nacionalista Vasco (PNV), Más País, Compromís y Nueva Canarias.

El legislador de Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna, dijo que la nueva legislación tiene como objetivo «acabar con los privilegios que la derecha hace pasar por libertad» y que acabará con «el modelo elitista y retrógrado de los lomceos», en referencia a la Ley de Educación aprobada en 2013.

La octava Ley de Educación de la historia democrática española ha sido aprobada por el Congreso.

El ambiente fue capturado por el legislador con menos votos en el Congreso, Tomás Guitarte de Teruel. Existe un pequeño grupo político creado para llamar la atención sobre los problemas de las zonas rurales y despobladas de España. «Empezamos a trabajar con entusiasmo, pensando que esta vez sería posible», dijo en su discurso de apertura en el Congreso el jueves. «Pero nos encontramos con la misma vieja polarización ideológica; con la incapacidad de alcanzar un consenso que ha durado ya dos generaciones; con la prioridad dada a las agendas partidistas, con lenguas que dividen en lugar de unir y argumentos falaces que levantan barreras sociales».

Inés Sabanés, del pequeño partido de izquierdas Más País, lamentó que «cada vez que debatimos sobre la educación en España, acabamos hablando de lenguas y religión». Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto de Ley es la eliminación de un pasaje que establece que el español castellano es la «lengua vehicular» de España. La derecha política ve esto como un guiño al modelo de «inmersión lingüística» de Cataluña que utiliza el catalán como lengua primaria de instrucción.

Una larga historia de discordia

Las agrias escenas en el interior del Parlamento no fueron nada nuevo: todas las leyes de educación anteriores han sido muy discutidas, incluyendo la predecesora de la nueva Ley, la Lomce, más conocida como la «Ley Wert» por el entonces ministro José Ignacio Wert del PP. En 2013, los Lomce obtuvieron cuatro votos más a favor que los Lomloe del jueves, pero los Lomce sólo fueron defendidos por el PP, que en ese momento tenía la mayoría absoluta.

«No es algo exclusivo de España, sino que es un síndrome más bien español», dijo Juan Manuel Moreno, especialista en educación del Banco Mundial. «Y tiene un coste muy alto para el sector de la educación. No ayuda al sector a progresar ni a resolver sus problemas endémicos de décadas cuando se tiene este ciclo en el que se aprueban leyes sin acuerdo y con la oposición advirtiendo en el Congreso que «lo primero que haremos cuando lleguemos al poder es derogar…», en este caso el Lomloe.

Alcance

La nueva Ley, que afectará a 8,2 millones de estudiantes no universitarios, comenzará a aplicarse con un poder limitado, dice Lucas Gortázar, que ha analizado esta legislación para la escuela de negocios Esade. «Los cambios legislativos tardan en llegar a la realidad de los centros educativos, y tardan mucho más tiempo si el zumbido de los medios de comunicación hace difícil analizarlos y aplicarlos».

Se espera resistencia por parte de las escuelas concertadas, centros semiprivados que reciben fondos del Estado y muchos de los cuales son dirigidos por grupos católicos que dicen que la nueva Ley limitará la libertad de las familias para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Alrededor de un cuarto de los estudiantes de España asisten a estos centros.

El PP dijo el jueves que usará su poder en los gobiernos regionales y locales bajo su control para tratar de «limitar los efectos» del Lomloe a través de las órdenes y decretos utilizados para aplicar la legislación nacional Los gobiernos regionales del PP de Madrid, Castilla y León y Andalucía dijeron que están considerando su respuesta. Y Murcia fue más allá, diciendo que la región analizará «todas las opciones legales para aplicar contrarreformas específicas para evitar la aplicación de la Ley Celaá».

Mucho ruido y pocas nueces

Antonio Cabrales, profesor de economía de la Universidad Carlos III, cree que los cambios legislativos no son tan significativos, y que los partidos políticos están exagerando como lo hacen con cada reforma educativa. «Muchos aspectos esenciales siguen siendo los mismos, sólo ha cambiado el énfasis en algunos aspectos», dijo. «El Lomce tampoco fue revolucionario. Los cambios son más graduales que lo que sugiere la aprobación de una nueva Ley».

Cabrales señala que los temas que llevan a la polarización no son, de hecho, los puramente relacionados con la educación o el aprendizaje. «Son cuestiones de identidad: el idioma, la religión, y se podría añadir la ideología política, como en la decisión de quién dirige las escuelas, el sector privado o el público».

Una de las cosas positivas que Cabrales ve en la nueva legislación son los mecanismos para evitar la segregación de los estudiantes por motivos sociales y económicos. Actualmente, las escuelas de concertado tienden a matricular menos alumnos de familias de bajos ingresos o inmigrantes a pesar de recibir ayuda pública.

¿Por qué es tan difícil llegar a un acuerdo sobre educación en España? «Entran en juego diferentes formas de percibir la sociedad y la vida. Esto activa las convicciones y valores personales dentro de un debate que no está exento de su conflicto de intereses», dice el ex ministro de Educación Ángel Gabilondo, que estuvo al frente de José Luis Rodríguez Zapatero del PSOE. «Se necesita generosidad y mucho diálogo para mirar más allá de la propia posición. Pero ese es el camino hacia el acuerdo».

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