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Dos  altas funcionarias de Hacienda y Economía y una docena  más de personas  del  Gobierno de Pedro Sánchez,  estarían siendo investigadas por presunta malversación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, donde además tiene metidos sus tentáculos  el “Gobierno”  no reconocido por la UE de  Nicolás Maduro en Venezuela.

Esto ocurre, una vez que el Juzgado Penal número 15 de Madrid ha abierto las diligencias  para investigar por malversación a unos quince funcionarios de altos cargos del Gobierno, en el que figuran las ” número 2″ de Hacienda y Economía, Inés Bardón y Ana de la Cueva respectivamente y el Consejo de Administración  de la Sociedad Estatal  de Participaciones Industriales (SEPI),  por el rescate de la referida aerolínea.

Las diligencias penales se han extendido a estos altos cargos del Gobierno, en virtud  de la ayuda de 53 millones de euros que se concedieron para el rescate de  la aerolínea Plus Ultra provenientes altos funcionarios ligados a Nicolás Maduro.

En el caso, la magistrada Esperanza Collazos, dio respuesta a una denuncia presentada por Manos Limpias, la cual está dirigida contra el vicepresidente del organismo, Bartolomé Lora, además en calidad de  “cooperadores necesarios” para con el resto del Consejo, integrado por altos cargos en nueve Ministerios diferentes.

La investigación también salpicaría a  los secretarios de Estado de Defensa, Hacienda, Energía, como también a unos seis subsecretarios, un secretario general , un director general y a dos jefes de Gabinete. Otras de  las investigadas serían la subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque y Sara Aagesen,  esta última secretaria de Estado de Medio Ambiente.

Aparte de abrir la investigación, la juez Collazos, acordó reclamar a la SEPI ” el expediente completo tramitado para la ayuda pública de la empresa Plus Ultra”, así como la identificación  de los miembros del del Consejo de Administración, con la finalidad de que les sea notificada la denuncia y la apertura de diligencias.

Por otro lado, en una ampliación de la denuncia, el Sindicato que preside Miguel Bernad- juzgado en la Audiencia Nacional por el caso Ausbanc-  dio a conocer los presuntos delitos de corrupción  en los negocios y contra los consumidores, el presidente de Plus Ultra y sus principales acciones de nacionalidad venezolana ligados a Maduro.

Sobre este particular, el Gobierno de Pedro Sánchez ha negado hasta los momentos las supuestas irregularidades, en tanto que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero,  en descargo calificó a Plus Ultra de ” irrelevante”  y “estratégica”  y por ello, ha justificado la inyección de 53 millones de euros  a través de préstamos ordinarios y convertibles.

 

Por Raul

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