Shakira ha sido acusada oficialmente por la fiscalía de seis delitos contra la hacienda pública, por los que la acusación pide una pena de ocho años y dos meses de prisión.

El Ministerio Público determina que Shakira defraudó 14,5 millones de euros durante esos años al eludir el pago del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio tras desvanecerse la opción de un chollo porque la cantante rechazó la oferta final, lo que hubiera supuesto evitar la cárcel.

La fiscalía pide también el pago de una multa de 23,7 millones de euros además de la pena de prisión, que en caso de condena podría suponer su ingreso en prisión.

Shakira está acusada de seis delitos contra la Hacienda Pública, siendo dos de ellos especialmente graves: la cuantía del fraude y la «utilización de personas jurídicas interpuestas», es decir, las empresas en paraísos fiscales que utilizó para ocultar sus ingresos.

La restitución del daño, ya que la artista puso a disposición del juzgado 17,2 millones para cubrir posibles responsabilidades, es un elemento agravante que ha permitido a la fiscalía rebajar las penas de prisión. Shakira declarará durante el juicio junto a un total de 37 testigos más, algunos de los cuales serán interrogados por videoconferencia.

Tras la presentación del escrito de acusación, el juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona), que ha realizado una investigación de los hechos, ordenará el inicio del juicio en las próximas semanas.

Esto implica, entre otras cosas, que Shakira tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados independientemente de que sólo esté avalando un acuerdo de última hora. Pero todo apunta a que el juicio seguirá un curso regular.

La cantante pide la absolución total tras criticar ferozmente a la fiscalía, a la que acusó de ser «intransigente» y de emplear «tácticas indebidas de presión». Según personas de su entorno, está decidido a llegar hasta el final a pesar de la atención mediática que supone una vista oral de este tipo.

Según la fiscalía, Shakira dejó de pagar 14,5 millones en concepto de impuesto sobre la renta y el patrimonio entre 2012 y 2014. Según la acusación, ya había empezado a salir con el jugador del Barça Gerard Piqué durante ese tiempo y había obtenido su residencia en España a efectos fiscales.

La tesis de la fiscalía se apoya siempre en el hecho de que ella cumplía el umbral legal de 183 días o más pasados aquí durante esos años para ser designada residente fiscal. En esta situación, ese es el principal tema de debate. Shakira ha afirmado que tenía residencia legal en las Bahamas desde el inicio de la investigación.

La acusación se basa en los informes de los inspectores de la Agencia Tributaria, que se fijaron en la asistencia de Shakira a peluquerías y salones de belleza, en sus visitas a la clínica Teknon mientras estaba embarazada de su primer hijo o en pruebas documentales como el alquiler de un estudio de grabación cerca de Barcelona para analizar su día a día.

Además, los técnicos siguieron a la cantante en las redes sociales, lo que les permitió localizarla en España la mayoría de los días de la semana.

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